Bien, pues puntual a la cita, el martes pasado, el pequeño ejército de inconformes tomó el palacio de gobierno de Lázaro Cárdenas, Michoacán, amenazando con prenderle fuego...

Y, puntual a la cita también, el Gobierno procedió de inmediato a dar la respuesta esperada, iniciándose ayer mismo el proceso de finiquito de la relación laboral con la Sección 97 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Química, Petroquímica y Similares...

La exposición de motivos es idéntica a la que motivó la cancelación del proyecto para construir un nuevo aeropuerto en la zona de Texcoco: Estaba-amenazada-la-paz-social.

Lo inaudito del asunto es que la dependencia encabezada por Carlos Abascal está colocando por su cuenta y riesgo la erogación reclamada... por más que el Gobierno mantiene el 47% del capital de la firma, vía el IPAB.

El caso es que si Agroindustrias del Balsas accediera a saltarse las trancas, se expondría a una demanda de sus acreedores, quienes le han emplazado a Concurso Mercantil o procedimiento de quiebra ordenada.

Y el caso, por lo demás, es que la acción unilateral de la STPS llegó justo cuando la empresa negociaba con el Gobierno perredista de Michoacán el reconocimiento de un adeudo al otorgar éste el pago de los aguinaldos de los trabajadores en diciembre pasado.

La paradoja es que la operación se plantea a espaldas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Química, Petroquímica y Similares, quien le apostaba a la posibilidad de que la firma volviera a resurgir, una vez finiquitado el conflicto legal de la compañía de seguros ING Comercial América, quien se niega a cubrir la indemnización de las instalaciones destruidas en septiembre de 2001 por el huracán Juliette.

El caso es que para liquidar a los trabajadores de la planta instalada en Lázaro Cárdenas, Michoacán, la dependencia logró una partida presupuestal por 130 mdp. Y aunque el gobierno es socio minoritario del grupo Fertinal, la justificación para las liquidaciones se engloba en: ""Preservar la paz social"".

El monto exigido para firmar el finiquito asciende a 160 mdp, equivalentes a casi cuatro tantos de lo que había calculado la empresa originalmente.

En una asamblea en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el 3 de enero, diez días después de la entrega formal de la aceptación de la propuesta a la STPS, los trabajadores determinaron que el plazo para concluir las negociaciones de liquidación vence el 31 de este mes.

El hecho es que el 28 de diciembre pasado, el gobierno perredista de Michoacán les entregó a cada uno de los empleados la segunda parte de su aguinaldo correspondiente al año pasado, a título de ""préstamo individual"", que supuestamente se cubrirá con el pago del finiquito correspondiente. El monto de la erogación, sufragada con recursos fiscales de la entidad federativa, fue de siete mdp.